Los ejemplos de Polonia y Hungría han demostrado que los gobiernos pueden verse tentados a desestabilizar los tribunales constitucionales para someter al poder judicial a su control. Un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha concluido que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre independencia e imparcialidad judicial puede tener un impacto positivo en los Estados miembros, incluso en aquellos que no enfrentan una crisis del Estado de derecho. La investigación también subraya las carencias existentes en los marcos jurídicos y los procedimientos de nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional en países como España y Francia, que "podrían, potencialmente, socavar la independencia judicial".

"Los resultados demuestran que, incluso en democracias consolidadas, existe margen para mejorar la protección de la independencia judicial. La investigación realizada contribuye al debate europeo más amplio sobre la armonización de los estándares de independencia judicial", sostiene Bettina Steible, investigadora del grupo de estudio en Geopolítica, Conflicto y Derechos Humanos (GEOCONDAH), de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.


Salvaguarda del Estado de derecho

El TJUE es un órgano que desempeña un papel importante para garantizar el respeto del principio de independencia judicial a escala nacional en un contexto de crisis del Estado de derecho como el actual. "Los principios desarrollados por este tribunal son de obligado cumplimiento para los Estados miembros, lo que significa que los estándares desarrollados sobre la independencia del poder judicial son aplicables a todos los Estados de la UE", describe Steible.

En este contexto, el TJUE ha ido desarrollando un amplio cuerpo de jurisprudencia que aborda muchos aspectos de la independencia judicial que tienen en cuenta no solo los marcos jurídicos que regulan los procedimientos de nombramiento, sino también la práctica, a fin de evaluar si existe una influencia indebida del poder legislativo o del ejecutivo sobre los miembros del poder judicial. "Las normas desarrolladas por el TJUE cubren una variedad de elementos, incluidos el proceso de nombramiento, la duración del mandato, las condiciones para el ejercicio del mandato, la ausencia de presión externa, la imparcialidad y los motivos de inhabilitación, recusación y destitución de sus miembros", describe la investigadora.

A pesar de esta influencia, Steible subraya que los Estados miembros de la UE siguen teniendo libertad para diseñar su propio modelo de justicia constitucional, "siempre que respeten estos mínimos indispensables". Un ejemplo concreto de la intervención del tribunal europeo es el caso de la Comisión Europea contra Polonia (C-619/18). En este asunto, el TJUE dictaminó que la reforma polaca que reducía la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo era incompatible con los principios de independencia judicial y la prohibición de injerencias políticas en el poder judicial. En particular, la ley permitía al presidente de la República decidir discrecionalmente si los jueces podían seguir en sus cargos más allá de la nueva edad de jubilación, lo que generaba una relación de subordinación y socavaba la independencia judicial. Como resultado, Polonia tuvo que revertir esta reforma y restablecer a los jueces afectados. "Este caso muestra cómo el TJUE puede actuar como una salvaguarda frente a los intentos de un Estado miembro de debilitar el Estado de derecho, reforzando estándares de independencia judicial que deben ser respetados por todos los Estados de la UE", subraya la investigadora.

El análisis de estas actuaciones muestra que, además de en los casos concretos, también pueden tener un "impacto positivo" en el resto de los Estados miembros, poniendo de relieve "las posibles anomalías que pueden existir en los procedimientos de nombramiento de los jueces constitucionales nacionales", destaca la investigadora.


Los retos del caso español

El estudio también analiza la situación de España y de Francia, como ejemplos de Estados miembros en los que la organización constitucional del poder judicial no está totalmente en línea con la jurisprudencia del TJUE. Sobre el caso español, la investigadora subraya que no peligra el Estado de derecho, pero se puede considerar que necesitaría mejoras "evidentes" y que los estándares europeos en la materia pueden ser de utilidad en un espíritu de diálogo judicial.

En concreto, la investigadora apunta a la necesidad de mejoras respecto a la práctica de los partidos políticos en los procesos de nombramiento de magistrados al Tribunal Constitucional: "Sería conveniente implementar mecanismos antibloqueo efectivos, reducir la influencia partidista en las decisiones y garantizar que los candidatos sean seleccionados por consenso, priorizando su cualificación y prestigio profesional, de acuerdo con el espíritu de la Constitución. Estas mejoras también encuentran su eco en los estándares europeos, especialmente aquellos desarrollados por la Comisión de Venecia".

Para Steible, si bien estas deficiencias "no representan, por ahora, una amenaza real para el Estado de derecho, bien podrían convertirse en una si llegan al poder opciones políticas menos respetuosas con los principios democráticos, algo que nunca se puede descartar", destaca.


Diálogo entre la UE y los Estados miembros

En este contexto, el trabajo también destaca la importancia de establecer un diálogo europeo sobre el significado de la justicia constitucional y la independencia judicial. Según la investigadora de la UOC, este debate es "esencial" para garantizar que tanto la identidad constitucional de la UE como las nacionales sean respetadas y se refuercen mutuamente. "Esta propuesta de diálogo refleja un enfoque equilibrado y constructivo para resolver las tensiones entre los estándares de la UE y las prácticas nacionales, sugiriendo que el desarrollo de un entendimiento común europeo sobre la justicia constitucional es posible sin socavar la soberanía nacional", explica la investigadora de la UOC.

El derecho de la UE vendría así, en palabras de Steible, "al rescate" de los actores nacionales –sociedad civil, académicos, jueces y políticos– a la hora de identificar y abordar las lagunas en los marcos jurídicos y las prácticas nacionales. "A su vez, los modelos nacionales mejorados de justicia constitucional pueden alimentar la definición europea sobre independencia e imparcialidad judiciales, demostrando que muchos modelos diversos son, de hecho, aceptables en virtud del derecho europeo", destaca.

En suma, el trabajo concluye que este diálogo puede contribuir a armonizar la comprensión y la aplicación de la independencia judicial en toda la Unión Europea, promoviendo una cultura del Estado de derecho más sólida. "Al adoptar estas normas y participar en un diálogo significativo, los Estados miembros de la UE pueden mejorar la legitimidad y la imparcialidad de los tribunales constitucionales, reforzando la confianza pública en el poder judicial y garantizando que sus tribunales constitucionales sigan siendo pilares de las sociedades democráticas", concluye la investigadora.


Esta investigación favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 16 de la ONU: paz, justicia e instituciones sólidas.


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